Instalar cámaras es la parte fácil y visible. Sostener un sistema que efectivamente funcione es la parte difícil y silenciosa.
La instalación de cámaras de videovigilancia pública es, casi siempre, una de las medidas de seguridad más visibles y políticamente populares que puede anunciar un gobierno. Evaluar su costo, su beneficio real y sus límites exige ir más allá del anuncio y mirar cómo funciona el sistema en el tiempo.
Qué dice la evidencia
Los estudios muestran un efecto disuasivo real sobre ciertos delitos, sobre todo los de oportunidad y el vandalismo, y un efecto mucho más limitado sobre los delitos violentos impulsivos, que no responden a un cálculo de riesgo. Los metaanálisis de Brandon Welsh y David Farrington, que revisaron decenas de estudios, apuntan en esa dirección: la cámara ayuda, pero su mayor utilidad muchas veces no es prevenir el hecho, sino facilitar la investigación posterior.
El costo que no se anuncia
Instalar una cámara es solo el primer gasto. El mantenimiento continuo, el personal que efectivamente la monitorea y la actualización tecnológica representan un costo sostenido que muchas administraciones subestiman. Un sistema con miles de cámaras pero pocos operadores capacitados tiene un valor preventivo mucho menor del que sugiere el número de dispositivos. La proporción entre cantidad de cámaras y capacidad real de monitoreo es un indicador más honesto que el total instalado.
Mi mirada
Lo escribí en columnas y lo sostengo: instalar cámaras es la parte fácil y visible; sostener un sistema que funcione es la parte difícil y silenciosa. Una cámara sin mantenimiento y sin nadie que la mire termina siendo decorativa. Y hay un límite que una república no puede saltear: protocolos claros sobre quién accede a las grabaciones, por cuánto tiempo se conservan y bajo qué autorización se comparten. Sin esas reglas, la videovigilancia deja de ser una herramienta de seguridad y se vuelve vigilancia sin control. Mi consejo a quien decide: presupuestá el monitoreo, no solo las cámaras.
