Gestionar la seguridad de una protesta no es reprimirla ni ignorarla: es garantizar que se ejerza un derecho sin que otros derechos queden vulnerados.
La gestión de la seguridad durante una protesta exige equilibrar dos cosas que, bien entendidas, no son opuestas: el derecho a manifestarse y reclamar, y el orden público necesario para que los derechos de quienes no participan tampoco queden vulnerados. Los principios de actuación en este terreno son de los más delicados de toda la seguridad pública.
Planificación previa y proporcionalidad
Los operativos que mejor funcionan tienen un canal de diálogo previo con los organizadores, coordinando recorridos y horarios antes del día del evento. Es lo que la literatura sobre orden público llama "gestión negociada" de las manifestaciones, y reduce mucho la probabilidad de un conflicto no anticipado. Sobre la actuación, el criterio rector es la proporcionalidad: cualquier intervención debe ser proporcional a la situación real, evitando tanto la pasividad ante la violencia genuina como el uso excesivo de la fuerza ante una protesta pacífica. Los Principios Básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza fijan ese estándar.
Identificación y rendición de cuentas
El personal en un operativo debería ser plenamente identificable, con protocolos claros sobre el uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas ante un reclamo posterior. La falta de identificación erosiona la confianza pública, más allá de si el operativo en cuestión fue correcto o no.
Mi mirada
Escribí sobre esto en columnas de opinión y mantengo la posición: gestionar la seguridad de una protesta no es reprimirla ni ignorarla, es garantizar que se ejerza un derecho sin que otros derechos queden afectados. En casi toda manifestación conviven una enorme mayoría pacífica y un grupo minoritario que busca la confrontación. Un operativo bien diseñado distingue entre ambos y actúa de forma diferenciada, en lugar de tratar a todos como una amenaza homogénea, que es justo lo que agrava el conflicto. La seguridad, en una república, se mide también por cómo trata a quien piensa distinto.
